Cristina Fernández de Kirchner comenzó a cumplir prisión domiciliaria el 18 de junio de 2025, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción en la causa Vialidad. La decisión judicial, ratificada por la Corte Suprema, generó una inmediata reacción política y social: miles de militantes y dirigentes peronistas se congregaron en Plaza de Mayo para expresar su apoyo a la ex presidenta.

Desde su domicilio en San José 1111, Kirchner envió un mensaje grabado a la militancia, en el que agradeció las muestras de afecto y criticó duramente al gobierno de Javier Milei y al sistema judicial. “Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar al pueblo argentino”, afirmó, y denunció que su condena responde a una persecución política y judicial. También cuestionó el modelo económico actual, al que calificó de insostenible y comparó con experiencias pasadas de crisis en Argentina.

La movilización en Plaza de Mayo mostró la capacidad de convocatoria del peronismo, que logró reunir a sectores tradicionalmente enfrentados bajo una consigna común. Sin embargo, la ausencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de algunos gobernadores evidenció las persistentes divisiones internas. Entre los presentes destacaron figuras como Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, así como representantes de movimientos sociales y organismos de derechos humanos.

El operativo de seguridad fue reforzado en la Casa Rosada y en los accesos a la ciudad, con controles policiales que buscaron limitar la llegada de manifestantes. El gobierno nacional, por su parte, minimizó la marcha y defendió la legalidad del proceso judicial. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que no se permitirá una “invasión permanente del espacio público”.

La defensa de Kirchner solicitó al tribunal aclaraciones sobre las restricciones impuestas, especialmente la prohibición de salir al balcón, que la ex mandataria calificó de “ridícula”. La condena, que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, será cumplida bajo arresto domiciliario hasta 2031, aunque la ex presidenta podrá solicitar beneficios en distintas etapas del proceso.

El peronismo, mientras tanto, anunció que concentrará sus esfuerzos en revertir la inhabilitación de Kirchner en instancias internacionales, denunciando un caso de lawfare similar al de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El caso marca un nuevo capítulo en la historia política argentina, con implicancias que podrían extenderse más allá del mandato actual.