La justicia argentina investiga una presunta operación de desinformación financiada por Rusia, que habría buscado influir en la opinión pública y desacreditar al gobierno de Javier Milei mediante la publicación de al menos 250 artículos en más de 20 medios digitales locales. Según documentos filtrados y analizados por un consorcio internacional de periodistas, la maniobra habría contado con un presupuesto de 283.000 dólares y se habría desarrollado entre junio y octubre de 2024. Muchas de las notas, según la investigación, fueron firmadas por autores ficticios o sin firma, y algunas contenían información falsa o engañosa.

El abogado Jorge Monastersky, quien presentó la denuncia ante la justicia argentina, explicó que el objetivo es determinar si los hechos constituyen delitos previstos en la Ley de Inteligencia Nacional y distinguir entre la crítica legítima y la desinformación pagada. “La investigación tiene que dar claridad para separar cuáles fueron los medios que participaron económicamente y quiénes fueron los periodistas que publicaron notas a cambio de un beneficio”, señaló Monastersky. El caso, según el denunciante, representa una amenaza directa a la integridad del sistema democrático argentino, especialmente en períodos electorales.

El canciller Pablo Quirno afirmó que los hechos están bajo análisis judicial y que el gobierno argentino sigue el tema con atención, reafirmando su compromiso con la transparencia y la legalidad. Por su parte, la Embajada de Rusia en Argentina negó la existencia de una campaña de desinformación y acusó a los investigadores de intentar enturbiar las relaciones bilaterales. “Las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común”, expresó la diplomacia rusa en un comunicado.

El presidente Javier Milei intensificó sus críticas al periodismo, calificando de “periodismo basura” a quienes habrían participado en la difusión de noticias falsas y sugiriendo la eliminación de la pauta oficial para evitar “maniobras sucias de la política”. El debate se amplificó en redes sociales, donde se cuestionó el rol de organizaciones como FOPEA, que ya había advertido en enero de 2026 sobre campañas de desinformación promovidas desde el exterior.

La investigación fue impulsada por un consorcio de periodistas de distintas orientaciones ideológicas, lo que, según Monastersky, refuerza su credibilidad. El caso se da en un contexto de creciente polarización política y cuestionamientos a la credibilidad de los medios, y plantea desafíos para la justicia argentina en la protección de la calidad de la información y la integridad democrática.