El proceso de licitación de la Hidrovía Paraná, una de las principales rutas de exportación de Argentina, quedó envuelto en polémica tras la reciente preadjudicación al consorcio belga Jan de Nul-Servimagnus. La decisión fue respaldada por el juez federal Gastón Salmain, quien rechazó un amparo colectivo presentado por organizaciones ambientalistas y sociales que solicitaban la suspensión del proceso hasta la realización de un estudio de impacto ambiental estratégico sobre la cuenca del río Paraná.

La resolución de Salmain, firmada en su último día como juez subrogante en Santa Fe y en medio de un inminente juicio político en su contra por causas de corrupción, permitió que el proceso licitatorio continuara sin obstáculos judiciales. El magistrado argumentó que no existían fundamentos suficientes para frenar la licitación y que la protección ambiental no exige que el juez administre, sino que controle.

La licitación, que otorga la concesión de la vía navegable por 30 años, fue criticada por la empresa perdedora, DEME, que denunció la imposición de un piso tarifario que, según su carta al ministro de Economía, Luis Caputo, impidió una competencia real. DEME propuso una nueva oferta con una rebaja del 17% respecto al piso tarifario, lo que, según la empresa, podría traducirse en un ahorro de al menos US$2.500 millones para los usuarios durante el plazo concesional. Además, la compañía destacó el respaldo de Estados Unidos a su propuesta y cuestionó la transparencia del proceso.

El pliego de licitación estableció un precio mínimo para las tarifas de peaje, lo que llevó a ambas empresas a ofertar el mismo valor y definió la adjudicación por puntaje técnico, donde Jan de Nul-Servimagnus obtuvo una ventaja significativa. Investigaciones periodísticas y judiciales han señalado posibles irregularidades y direccionamiento en el proceso, así como la exclusión de empresas chinas y la continuidad de funcionarios cuestionados en la nueva agencia reguladora.

Mientras el gobierno nacional celebra la continuidad del proceso y la reducción de costos logísticos para el sector exportador, persisten las críticas de organizaciones ambientales y de la empresa perdedora, que buscan reabrir la compulsa bajo condiciones más competitivas. El caso sigue bajo la lupa de la justicia y de actores internacionales, atentos al impacto económico y político de la adjudicación.