El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha anunciado un ambicioso plan de reestructuración estatal denominado "El Digesto", que busca eliminar leyes, decretos y organismos considerados obsoletos. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el objetivo es simplificar la administración pública, reducir el gasto estatal y aliviar la carga tributaria sobre los ciudadanos.

En declaraciones recientes, Sturzenegger explicó que el proyecto incluye la revisión de aproximadamente 700,000 decretos, de los cuales solo 70,000 están digitalizados. "El objetivo que tenemos para fin de año es hacer una limpieza muy fuerte, que los argentinos sepan cuáles son las reglas que tenemos", afirmó el ministro. Además, se anticipa la eliminación o fusión de múltiples organismos descentralizados, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE).

Desde el inicio de la gestión de Milei, ya se han despedido 40,000 trabajadores, y se prevén más despidos como parte de este plan. Sturzenegger justificó estas medidas argumentando que "liberar personas" permitirá reducir costos y centralizar funciones. "Cada gasto que el Estado ahorra es un impuesto menos que paga la gente", sostuvo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, será el encargado de anunciar oficialmente los detalles de esta reestructuración en los próximos días. Sin embargo, las medidas ya han generado críticas desde diversos sectores. Algunos organismos afectados, como los frigoríficos, han expresado su rechazo a la eliminación de normativas específicas, mientras que provincias como Mendoza han manifestado preocupación por la continuidad de la CNRT.

El plan se enmarca en la política de ajuste fiscal y desregulación promovida por Milei desde su asunción. La "Ley Bases" otorga al Ejecutivo poderes especiales para implementar estas reformas hasta julio de 2025. No obstante, la iniciativa ha generado tensiones políticas, ya que afecta a múltiples sectores y organismos con compromisos internacionales.

Mientras el gobierno defiende estas medidas como un paso hacia la eficiencia estatal, la oposición las critica como un ataque a los derechos laborales y la transparencia. La ciudadanía, por su parte, se encuentra dividida: algunos apoyan la reducción del gasto público, mientras otros temen el impacto social y laboral de estas decisiones.

El tiempo dirá si "El Digesto" logra cumplir con sus objetivos de simplificación y ahorro, o si, por el contrario, profundiza las divisiones y tensiones en el país.