El gobierno de la provincia de Buenos Aires enfrenta una creciente presión sindical tras el rechazo de los gremios docentes, estatales y judiciales a la última oferta salarial. La administración de Axel Kicillof convocó a una nueva audiencia paritaria para el 4 de marzo, en un intento por evitar que el conflicto escale y afecte el inicio de clases y el funcionamiento de servicios públicos.

La propuesta oficial contemplaba un aumento del 3%, incluyendo un 1,5% retroactivo a diciembre, pero fue considerada insuficiente por los sindicatos frente a la inflación. Ante la negativa, el Ejecutivo bonaerense decidió liquidar el 1,5% retroactivo con los sueldos de febrero para evitar una merma salarial respecto a enero. Sin embargo, los gremios exigen una oferta superadora y anunciaron medidas de fuerza, entre ellas paros y movilizaciones que involucran a docentes, estatales y empleados judiciales.

En paralelo, fiscales de primera instancia del Ministerio Público bonaerense se sumaron al reclamo, exigiendo una urgente recomposición salarial y mejores condiciones laborales. "La crisis salarial ya impacta de lleno en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y en la calidad del servicio de justicia", advirtieron en una nota institucional dirigida al gobernador y a las máximas autoridades provinciales. El argumento de guardia permanente y desgaste laboral se suma a la discusión, aunque los salarios de los fiscales, que rondan los $3,2 millones mensuales, generan debate en términos de empatía social y desigualdad dentro del empleo público.

El conflicto paritario se desarrolla en un contexto de recortes de fondos nacionales y pérdida de poder adquisitivo en el sector público bonaerense. El gobierno provincial responsabiliza al Ejecutivo nacional por la merma de recursos, mientras los gremios intensifican sus reclamos ante el ajuste y la depreciación salarial. El calendario de liquidación salarial, con fecha clave el 13 de marzo, presiona para alcanzar un acuerdo que permita incorporar posibles aumentos en los haberes de ese mes.

Las movilizaciones previstas incluyen reclamos por la restitución de fondos nacionales y rechazo a políticas del gobierno nacional, con concentraciones en puntos emblemáticos como el Cabildo y el Congreso. El clima de tensión sindical y la suma de nuevos actores al conflicto, como los fiscales, complican la agenda del gobierno bonaerense, que busca evitar una escalada de protestas y cerrar acuerdos que permitan normalizar el funcionamiento de los servicios públicos. El desenlace de las negociaciones será determinante para el inicio de clases y la prestación de servicios esenciales en la provincia.