El reciente decreto 383/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ha generado una fuerte controversia política y social en Argentina. La nueva normativa otorga a la Policía Federal facultades ampliadas para realizar requisas personales y de vehículos, así como tareas de ciberpatrullaje en redes sociales y sitios públicos digitales, todo ello sin necesidad de una orden judicial previa.

La medida, presentada por el Gobierno como una modernización de la fuerza y alineada con prácticas del FBI estadounidense, busca fortalecer la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos. Sin embargo, la oposición y diversos organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación por el impacto de la reforma sobre las garantías constitucionales y las libertades individuales.

Diputados de Unión por la Patria y otros bloques parlamentarios han impulsado proyectos para declarar la nulidad del decreto, argumentando que habilita prácticas propias de regímenes autoritarios y representa un retroceso en materia de derechos humanos. "El decreto otorga facultades a la Policía Federal propias de un gobierno dictatorial y no de uno democrático", afirmó la diputada Macha, quien también señaló que la medida se inscribe en una lógica de represión de la protesta social.

Especialistas y referentes de organismos como la Comisión Provincial por la Memoria y la Correpi han calificado la reforma de inconstitucional, advirtiendo que legaliza prácticas arbitrarias como detenciones preventivas y requisas sin control judicial. Además, recordaron antecedentes como el caso Bulacio, por el cual Argentina fue condenada internacionalmente por detenciones arbitrarias.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma es necesaria para combatir el crimen organizado y modernizar la fuerza policial, asegurando que se respetarán los derechos y la privacidad de los ciudadanos. No obstante, la ambigüedad de algunos artículos y la falta de control legislativo han incrementado el malestar en distintos sectores políticos y sociales.

La publicación del decreto coincidió con una movilización en apoyo a Cristina Kirchner, lo que ha alimentado sospechas sobre la motivación política de la medida. Mientras tanto, se han presentado reclamos judiciales y parlamentarios para frenar la aplicación del decreto, en un contexto de creciente conflictividad social y preocupación por el fortalecimiento de mecanismos de control estatal sobre la ciudadanía.