La Justicia laboral suspendió de manera provisoria el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, que eliminaba el asueto del 27 de junio para empleados públicos nacionales, conocido como el Día del Trabajador del Estado. La medida fue dictada por la jueza Moira Fullana, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, en respuesta a un amparo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que consideró inconstitucional la supresión de un derecho laboral adquirido por ley.

El DNU, publicado el 26 de junio, derogaba el artículo 2 de la Ley 26.876, que desde 2013 establece el 27 de junio como día de descanso remunerado para la administración pública nacional. El Gobierno, encabezado por Javier Milei, justificó la medida como parte de su política de racionalización del gasto y alineamiento del sector público con estándares de productividad del sector privado. Sin embargo, la jueza Fullana sostuvo que la eliminación del asueto debía ser tratada por el Congreso y no por decreto, y ordenó mantener el feriado hasta que se dicte una sentencia definitiva.

La decisión judicial fue celebrada por sindicatos estatales como ATE y UPCN, quienes destacaron que la cautelar protege derechos laborales de todos los empleados públicos, estén o no sindicalizados. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, afirmó: “Mañana es feriado en todo el Estado nacional. Nadie nos va a quitar nuestro día”.

En respuesta, el Gobierno presentó una apelación ante la Cámara del fuero laboral, argumentando que la jueza actuó fuera de competencia y vulneró garantías constitucionales como el debido proceso. El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó que la medida judicial constituye una “intervención indebida” y obstaculiza el plan de reformas y ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo.

El conflicto se produce en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en medio de las reformas promovidas por la administración Milei. El futuro del asueto permanece en suspenso, a la espera de la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mientras el debate sobre el alcance de los DNU y la protección de derechos laborales sigue abierto.