Más del 80% de los asalariados argentinos enfrenta privaciones alimentarias durante su jornada laboral, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) en colaboración con Edenred. El estudio, basado en una encuesta nacional a 1.171 trabajadores formales, revela que solo el 16,5% de los asalariados está libre de restricciones alimentarias en el trabajo, mientras que el 83,5% sufre algún tipo de carencia, ya sea por salteo de comidas, consumo de alimentos menos nutritivos o ambas situaciones.

El informe detalla que el 61,1% de los asalariados se ve obligado a saltear comidas por motivos económicos y el 78,5% opta por alimentos de menor calidad nutricional. La doble privación, es decir, comer menos y peor, afecta al 56,2% de los trabajadores, siendo más grave entre jóvenes, mujeres, empleados no calificados y quienes perciben menores ingresos. En el sector público, el 70% de los empleados padece ambas formas de inseguridad alimentaria, cifra que desciende al 50,3% en el sector privado. Las regiones del NOA y NEA presentan los mayores niveles de vulnerabilidad.

El acceso a beneficios alimentarios otorgados por los empleadores es limitado y regresivo: solo el 44,4% de los asalariados recibe algún tipo de aporte, concentrado en empresas grandes y privadas. El gasto diario en comida varía, con un 36,1% que gasta menos de $5.000 y un 43,9% entre $5.000 y $10.000. La reciente reforma laboral amplía la posibilidad de comedores externos y beneficios alimentarios, lo que podría mejorar la situación, aunque su implementación aún está en debate.

Especialistas advierten que la inseguridad alimentaria laboral tiene consecuencias directas en la salud, con altos índices de sobrepeso y obesidad, y afecta la productividad y el ausentismo. "La comida en el trabajo no debería ser un beneficio discrecional, sino una inversión estratégica en salud, equidad y productividad", concluye el informe de la UCA. El estudio subraya la necesidad de políticas públicas y empresariales que garanticen una alimentación adecuada para todos los trabajadores, especialmente en un contexto de deterioro del salario real y alta inflación.