El Senado argentino se prepara para una sesión clave en la que se debatirá el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que ha generado intensos debates tanto dentro como fuera del recinto legislativo. El proyecto, impulsado por el oficialismo y el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, propone eliminar las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, con el objetivo de atraer inversiones internacionales y modificar el mercado inmobiliario rural.

La propuesta incluye además reformas al Código Civil y Comercial, agilización de desalojos judiciales y cambios en las normativas sobre expropiaciones y manejo del fuego. Entre las modificaciones más recientes, se destaca la devolución de poder de decisión a los gobernadores provinciales, quienes podrán autorizar o rechazar la venta de tierras en sus jurisdicciones. Asimismo, se prohíbe la compra de campos por parte de Estados extranjeros o empresas estatales foráneas, salvo excepciones avaladas por la provincia y la Casa Rosada.

El oficialismo enfrenta el desafío de reunir quórum en medio del receso invernal y la falta de consenso, mientras que la oposición y sectores sociales han manifestado su rechazo. La CGT y la Pastoral Social, entre otros, advierten que la iniciativa "atenta contra la soberanía" y podría poner en riesgo los recursos naturales del país. "Nuestro suelo es soberanía, no mercancía", expresó la central sindical, mientras que referentes opositores insisten en que la soberanía nacional está en juego.

Desde el oficialismo, en cambio, se argumenta que la soberanía reside en el Estado y no en la nacionalidad del propietario, y que la ley busca dar previsibilidad y atraer inversiones. "Estamos arreglando varios descalabros que hizo el kirchnerismo para retomar la senda del crecimiento", sostuvo el senador Pablo Cervi (La Libertad Avanza).

El debate se da en un contexto de reformas económicas y desregulación impulsadas por el gobierno de Javier Milei, y refleja las tensiones entre el desarrollo económico, el control estatal y la protección de los recursos nacionales. El resultado de la votación en el Senado será determinante para el futuro del mercado de tierras rurales y la política de inversiones extranjeras en Argentina.