El gobierno de la provincia de Santa Fe y la Nación firmaron este martes un acuerdo por $120.000 millones destinado a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones santafesina. El convenio, que se implementará a partir de mayo y prevé pagos en doce cuotas mensuales, busca restablecer el flujo de fondos interrumpido por el gobierno nacional tras el decreto 280 firmado por el presidente Javier Milei en marzo de 2024.

La firma del acuerdo se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el director ejecutivo de la Anses, Guillermo Arancibia. También participaron la diputada nacional Gisela Scaglia y el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso.

Según detallaron las autoridades, el convenio establece que la transferencia de fondos se hará en concepto de anticipo de capital, sujeto a auditorías conjuntas entre la Anses y el gobierno provincial. Para los ejercicios 2020-2025, los montos definitivos se determinarán a partir de procesos de simulación y auditoría.

El gobernador Pullaro celebró el acuerdo y lo calificó como "un triunfo de todos los santafesinos", destacando que "se comienza a saldar lo que le corresponde a la provincia". Por su parte, la diputada Scaglia subrayó que, si bien se restablece el flujo de fondos, Santa Fe no renuncia al juicio por la deuda acumulada en años anteriores, que sigue su curso en la Corte Suprema de Justicia.

El secretario Boasso explicó que la suspensión de transferencias se había producido en el último año del gobierno anterior y que el convenio representa "el inicio de un buen camino" para la provincia. El acuerdo también abre una instancia de diálogo entre Nación y Santa Fe, que hasta ahora solo se había canalizado por la vía judicial.

El conflicto por la financiación de la Caja de Jubilaciones afecta a Santa Fe y a otras 12 provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales a la Anses, generando un déficit estructural. El acuerdo firmado representa un avance en la resolución de este problema, aunque el reclamo por la deuda histórica continúa pendiente de resolución judicial.