Un juez de familia de Neuquén autorizó una cirugía de urgencia a un bebé recién nacido, luego de que sus padres, miembros de la comunidad de Testigos de Jehová, se opusieran a una posible transfusión de sangre durante la intervención. El niño, nacido en San Martín de los Andes, fue trasladado al hospital Castro Rendón tras ser diagnosticado con una obstrucción intestinal que requería atención inmediata.

La negativa de los padres, basada en sus creencias religiosas, llevó a los médicos a solicitar la intervención de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Laura Lucero, titular del organismo, presentó una medida judicial de urgencia ante el juez Luciano Zani, quien resolvió que el derecho a la vida y la salud del menor debía prevalecer sobre la libertad religiosa de los progenitores. “Cuando las decisiones de los padres restringen el acceso del niño a cuidados médicos esenciales, el Estado debe intervenir para restablecer los derechos afectados”, argumentó el magistrado en su fallo.

La resolución judicial permitió que el equipo médico avanzara con la cirugía, que resultó exitosa. El bebé evoluciona favorablemente, según informaron fuentes hospitalarias. El caso, que no tiene precedentes recientes de tal magnitud en la región, reabrió el debate sobre los límites de la autonomía parental y la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales de los menores.

La defensora Lucero destacó que la falta de controles prenatales pudo haber evitado la urgencia, y subrayó la importancia de priorizar el interés superior del niño en toda decisión médica. El caso se suma a otros antecedentes en los que la Justicia debió intervenir ante la negativa de padres a tratamientos médicos por motivos religiosos, aunque la urgencia y la edad del paciente lo hacen especialmente relevante.

El debate público se intensificó, con posturas que van desde la defensa de la libertad de culto hasta la necesidad de garantizar la salud y la vida de los niños por encima de cualquier creencia. La decisión del juez Zani refuerza la jurisprudencia que establece la preeminencia del derecho a la vida y la salud infantil en situaciones críticas.