La Justicia de La Matanza resolvió mantener detenido al policía federal Facundo Aguilar Fajardo, acusado de la muerte de Thiago Correa, el niño de siete años que falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante un tiroteo en Ciudad Evita. El hecho ocurrió el pasado 4 de junio, cuando el agente, de 21 años y vestido de civil, fue abordado por cuatro delincuentes armados mientras esperaba el colectivo junto a su madre. En respuesta al asalto, Aguilar Fajardo extrajo su arma reglamentaria y efectuó once disparos, uno de los cuales impactó fatalmente en Thiago, que se encontraba a casi 200 metros del lugar junto a su padre.

La fiscalía, a cargo de Diego Rulli, imputó al policía por homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. La decisión de negar la excarcelación se basó en la gravedad de la acusación y en la necesidad de garantizar el avance de la investigación. La defensa del agente argumentó que actuó en legítima defensa ante una situación de peligro inminente, pero la fiscalía sostuvo que el policía debió prever las consecuencias de disparar en un espacio público concurrido.

Durante el enfrentamiento, uno de los asaltantes murió y otros dos resultaron heridos, mientras que el cuarto fue detenido días después. El caso generó un fuerte debate en la sociedad sobre los límites del accionar policial y la protección de los civiles en situaciones de riesgo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó públicamente al agente, atribuyendo la tragedia a la acción de los delincuentes.

En medio del dolor, la familia de Thiago decidió donar sus órganos, lo que permitió salvar la vida de cuatro personas. “Mi pequeño salvó 4 vidas, qué decisión tan difícil tomamos”, expresó la madre del niño, Daira Medina, quien también alentó a otras familias a considerar la donación de órganos en situaciones similares.

El caso continúa bajo investigación y se espera que en los próximos días se realicen nuevas audiencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales. Mientras tanto, la sociedad argentina sigue de cerca el desarrollo del proceso, marcado por el reclamo de justicia y el debate sobre la seguridad y el uso de la fuerza policial.