El Senado argentino avanza en el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que ha generado un fuerte debate entre sectores políticos, empresariales y ambientales. El proyecto, que obtuvo dictamen favorable en comisiones y será tratado en el recinto en febrero, propone modificar el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciales, permitiendo que las provincias tengan mayor injerencia en la definición de áreas protegidas y habilitando la explotación minera en zonas que no sean consideradas estratégicas para el recurso hídrico.

Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, expresaron su respaldo a la reforma durante el plenario del Senado. Orrego afirmó que "nunca hemos contemplado eliminar la Ley de Glaciares ni reducir sus estándares ambientales, sino buscar definiciones claras y seguridad jurídica para el desarrollo". Jalil, por su parte, destacó la importancia de la minería para la transición energética y el empleo, y pidió confianza en el control ambiental provincial.

El sector empresarial, representado por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Unión Industrial Argentina (UIA), coincidió en la necesidad de abandonar criterios abstractos y aplicar un análisis "caso por caso" para destrabar inversiones. Argumentan que la ley actual actúa como un cepo regulatorio y que la reforma permitirá compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental, siempre que se base en estudios técnicos y criterios científicos claros.

Sin embargo, la propuesta ha recibido duras críticas de organizaciones ambientales y expertos. Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió que la reforma "va a contramano de la evidencia científica y genera inseguridad jurídica". Agostina Rossi, de Greenpeace, subrayó que los glaciares son aliados fundamentales frente a la crisis climática y que su protección es una prioridad internacional. Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, calificó el proceso legislativo como "exprés" y alertó sobre el riesgo de inconstitucionalidad.

El debate se produce en un contexto de presión por inversiones mineras y desarrollo económico, mientras la crisis hídrica y el cambio climático aumentan la relevancia de la protección de los glaciares. El fallo de la Corte Suprema de 2019 ratificó la constitucionalidad de la ley vigente, que protege todos los glaciares y ambientes periglaciales. El futuro de la reforma dependerá del debate parlamentario y de la capacidad de conciliar desarrollo económico con la preservación ambiental.