Un escándalo de corrupción ha sacudido las instituciones del PAMI y ANSES en Argentina, con denuncias que involucran a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei. Las acusaciones, que incluyen extorsión, desvío de fondos y prácticas clientelares, contradicen el discurso anticorrupción de La Libertad Avanza (LLA).

En La Plata, Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI, denunció que le exigieron un millón de pesos mensuales para mantener su cargo. Según Aguirre, las presiones provenían de Sebastián Pareja, armador político de LLA en la provincia de Buenos Aires, y su colaborador Juan Osaba. Aguirre afirmó que se le pidió entregar el dinero en efectivo y firmar documentos ilegales, lo que la llevó a presentar una denuncia judicial.

En Wilde, Martín Irrazabal, un funcionario reconocido por su desempeño, fue desplazado tras negarse a participar en esquemas de recaudación irregular. Irrazabal, quien implementaba políticas de cercanía con sectores vulnerables, habría sido presionado para realizar aportes económicos a "la causa libertaria".

Las denuncias no se limitan a Buenos Aires. En Misiones, empleados del PAMI y ANSES reportaron descuentos de hasta el 25% de sus salarios para financiar campañas políticas. En Santa Cruz, audios filtrados revelaron que un dirigente local pedía dinero a empleados para cubrir gastos partidarios. En Chaco, la justicia federal investiga un supuesto sistema de aportes forzados.

Además, se han reportado compras sin licitación, sobreprecios y desvío de fondos en varias provincias. Las condiciones en geriátricos también han sido objeto de denuncias, incluyendo muertes y maltratos a residentes.

Estas prácticas contradicen las promesas de campaña de Javier Milei, quien se comprometió a erradicar la corrupción y el clientelismo. El PAMI y ANSES, instituciones clave en la red de seguridad social de Argentina, manejan presupuestos millonarios y son fundamentales para la atención de jubilados y sectores vulnerables.

El caso ha generado una fuerte reacción pública. Exfuncionarios como Viviana Aguirre han expresado su desilusión con el gobierno de Milei, calificándolo como "la más grande corrupción de la historia". Desde el oficialismo, pocos han respondido a las acusaciones, aunque se han iniciado auditorías internas en algunas delegaciones.

La oposición y medios de comunicación han señalado la contradicción entre el discurso anticorrupción de LLA y las prácticas denunciadas. Mientras tanto, las investigaciones judiciales avanzan, y el impacto en la percepción pública del gobierno de Javier Milei sigue creciendo.