La confirmación de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires ha generado un fuerte impacto en el escenario político argentino. El anuncio, realizado por la propia ex presidenta y ratificado por dirigentes de su espacio, aceleró las negociaciones dentro del peronismo bonaerense, que ahora debate entre la unidad o la competencia interna en un contexto de alta fragmentación.

La Tercera Sección, que agrupa a 19 municipios del conurbano, es considerada un bastión histórico del peronismo, aunque no invulnerable: la última derrota en la zona data de 1997, en medio de una feroz interna partidaria. El anuncio de CFK no solo reconfiguró la estrategia del peronismo, sino que también precipitó movimientos en la oposición, donde referentes de La Libertad Avanza y el PRO buscan confrontar con un perfil opuesto al de la ex mandataria.

En paralelo, la reciente reunión entre Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof abrió una tregua frágil dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lidera el mandatario bonaerense. Mientras algunos intendentes y dirigentes consideran que la unidad con el kirchnerismo duro es un error político, otros están dispuestos a avanzar en un acuerdo si se cumplen ciertas condiciones. La discusión sobre la estrategia electoral se definirá en un encuentro clave de intendentes del MDF en la gobernación bonaerense.

Un factor externo podría modificar radicalmente el panorama: la inminente posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia ratifique la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. De concretarse, la ex presidenta quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos, lo que obligaría a replantear toda la estrategia electoral del peronismo.

Desde el entorno de CFK, el optimismo es moderado pero realista. "Estamos en el camino de la unidad y de pensar juntos cómo ganar las elecciones de septiembre y octubre", señalaron fuentes cercanas a la presidenta del PJ. Sin embargo, la tensión interna y la incertidumbre judicial mantienen en vilo a la dirigencia política, que reconoce que cualquier decisión de la Corte podría cambiar por completo el escenario de cara a las próximas elecciones.