Una investigación judicial en Argentina destapó una compleja red de extorsión que operaba desde el interior de cárceles bonaerenses, utilizando aplicaciones de citas para captar y manipular a sus víctimas. El caso salió a la luz tras el suicidio de Rodrigo Gómez, un joven soldado de 21 años que prestaba servicio en la Quinta de Olivos y fue víctima de esta organización delictiva.

Según la causa, los extorsionadores, presos en las unidades de Magdalena y Olmos, creaban perfiles falsos de mujeres en apps de citas. Una vez que la víctima iniciaba contacto, era abordada por supuestos familiares y luego por personas que se hacían pasar por policías, quienes la amenazaban con iniciar causas judiciales por delitos graves como grooming o pedofilia. A cambio de archivar la supuesta denuncia, exigían transferencias de dinero, que en el caso de Gómez superaron el millón de pesos.

La investigación, liderada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, permitió identificar y detener a siete personas, incluidos los líderes de la banda, que coordinaban las maniobras desde prisión. "Un teléfono es un arma dentro de los centros de detención", advirtió Monteoliva, mientras que Arroyo Salgado denunció una "corrupción estructural" en el sistema penitenciario que facilita estos delitos.

El caso de Gómez, quien dejó una carta detallando el hostigamiento y las deudas acumuladas, puso en evidencia la falta de controles sobre el uso de celulares en cárceles, una medida que se implementó durante la pandemia y que persiste sin respaldo normativo. Las autoridades señalaron que este fenómeno no es aislado y que existen numerosos antecedentes de delitos digitales organizados desde penales.

El impacto del caso generó alarma social y renovó el debate sobre la responsabilidad estatal y la necesidad de reformas profundas en el sistema penitenciario argentino. Familiares de la víctima manifestaron su dolor y dudas sobre la hipótesis oficial, mientras que la Justicia y el Gobierno prometieron avanzar en el desmantelamiento de estas redes y en el endurecimiento de los controles en las cárceles.