La Fuerza Aérea Argentina incorporó en diciembre de 2025 los primeros seis aviones de combate F-16, adquiridos a Dinamarca como parte de un acuerdo que contempla la compra de 24 aeronaves y una adicional para entrenamiento. El acto de presentación se realizó en el Área Material Río Cuarto, provincia de Córdoba, con la presencia del presidente Javier Milei y autoridades nacionales, y fue acompañado por un sobrevuelo de los cazas sobre la ciudad de Buenos Aires.

La operación, valorada en US$ 301 millones y financiada en cinco cuotas anuales, incluye la modernización de los aviones bajo el estándar MLU, ocho motores adicionales, repuestos, sistemas de apoyo en tierra y simuladores de vuelo. El gobierno argentino destaca que esta adquisición representa la mayor inversión militar en cuatro décadas y permite recuperar la capacidad supersónica perdida tras el retiro de los Mirage en 2016.

El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió la compra frente a las críticas que califican a los F-16 como "chatarra" y cuestionan su antigüedad y operatividad. Petri subrayó que los aviones cuentan con tecnología actualizada y un remanente de vida útil de hasta 25 años, y que más de 26 países emplean el modelo F-16, lo que garantiza soporte logístico y compatibilidad con sistemas existentes.

Sin embargo, el debate público se intensificó por la comparación con la opción china JF-17, que fue evaluada pero finalmente descartada por gestiones anteriores. Las razones incluyeron factores políticos, logísticos y de alineamiento internacional, así como la preferencia por tecnología occidental y la facilidad de mantenimiento y repuestos.

Especialistas en defensa señalaron que, si bien la compra fortalece la capacidad de vigilancia y control del espacio aéreo, existen limitaciones operativas para escenarios como las Islas Malvinas, donde los F-16 requerirían aviones de reabastecimiento que Argentina no posee actualmente. Además, informes internos advierten sobre la necesidad de modernizar la infraestructura militar para operar los nuevos cazas de manera eficiente.

La adquisición recibió la aprobación de Estados Unidos y Dinamarca, y fue acompañada por inversiones en infraestructura y financiamiento internacional. Mientras el gobierno y sectores militares celebran la compra como un acto de soberanía y modernización, críticos y ex funcionarios cuestionan el costo, la oportunidad y la falta de inversión previa en defensa. El debate refleja la polarización política y la complejidad de las decisiones estratégicas en materia de seguridad nacional.