Docentes y trabajadores no docentes de universidades nacionales argentinas han decidido intensificar su plan de lucha en reclamo de mayor presupuesto, actualización salarial y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) confirmó la realización de dos semanas de paro durante abril, una medida que fue ratificada en una masiva asamblea y que se suma a las acciones definidas por la Federación Nacional de Docentes Universitarios.

Las jornadas de paro están programadas para las semanas que comienzan el 30 de marzo y el 27 de abril, y afectarán el normal desarrollo de las actividades académicas en la mayoría de las universidades nacionales. Además, los trabajadores no docentes, nucleados en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, realizarán huelgas escalonadas los días 31 de marzo, 8, 17 y 23 de abril, impactando también en los colegios preuniversitarios y servicios esenciales de las instituciones.

El conflicto se enmarca en el reclamo por el cumplimiento de la Ley 27.759, la actualización de becas estudiantiles, la reapertura de paritarias y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes, que según los gremios, han perdido más del 40% en términos reales desde la asunción del presidente Javier Milei. En la Universidad de Buenos Aires (UBA), los docentes votaron un paro por tiempo indeterminado hasta que se efectivice un aumento salarial del 55,4% dispuesto por la normativa vigente.

Como parte de las acciones de visibilización, se propuso la realización de una Marcha Federal Universitaria el 23 de abril, que buscará movilizar a docentes, estudiantes y autoridades en defensa del sistema público. La fecha deberá ser coordinada con el Frente Sindical Universitario y la comunidad educativa en general.

El sistema universitario argentino, compuesto por más de dos millones de estudiantes y alrededor de 115 instituciones, enfrenta una situación crítica debido a los recortes presupuestarios y la cancelación de proyectos de investigación. Los gremios advierten que, de no haber respuestas favorables por parte del Gobierno, las medidas de fuerza podrían profundizarse en el transcurso del semestre, afectando aún más el funcionamiento de las universidades públicas.