La Fundación Faro, presidida por Agustín Laje y vinculada al oficialismo, fue intimada por la Inspección General de Justicia (IGJ) a revelar la identidad de los donantes que aportaron casi $5.000 millones durante 2024. El requerimiento, notificado el 1 de junio, otorga un plazo de diez días hábiles para que la organización detalle nombres, fechas y montos de quienes realizaron donaciones superiores a 40 salarios mínimos, conforme a la normativa vigente.

El balance presentado por la fundación ante la IGJ, correspondiente al ejercicio 2024, reporta un patrimonio neto de $4.394 millones y un ingreso total de $4.957 millones bajo el concepto de "Donaciones, cursos, talleres y prevención". Sin embargo, el documento no identifica a los donantes, lo que motivó el pedido del organismo regulador. Además, el balance fue presentado con casi once meses de retraso y contiene observaciones de los auditores sobre la falta de actualización de los libros contables y la existencia de préstamos y deudores no identificados.

La Fundación Faro, que en 2023 operaba bajo el nombre de Fundación Valorar y tenía un patrimonio de apenas $12 millones, experimentó un crecimiento exponencial tras el cambio de autoridades y de nombre en 2024. El salto patrimonial coincide con la llegada de Laje y Francisco Caputo, hermano del asesor presidencial Santiago Caputo. Desde entonces, la fundación organizó cenas de recaudación en el Yacht Club Puerto Madero, con la presencia de empresarios y políticos, y destinó más de $1.000 millones a publicidad política en redes sociales.

Desde la organización aseguran que todos los aportes son formales y bancarizados, y que la información es auditada por una firma internacional. Sin embargo, se niegan a revelar la identidad de los donantes por razones de privacidad. La falta de transparencia ha generado sospechas sobre el origen de los fondos y posibles conflictos de interés, especialmente por la relación de la fundación con empresarios beneficiados por contratos estatales.

El caso se produce en un contexto de tensiones internas en el oficialismo, con disputas entre Karina Milei y Santiago Caputo, y en medio de cuestionamientos sobre la influencia de grandes empresas en el financiamiento político. La IGJ advirtió que, de no cumplirse el requerimiento, la fundación podría enfrentar sanciones que incluyen multas de hasta $8 millones por infracción. El desenlace del caso podría tener implicancias significativas para la transparencia y el control del financiamiento político en Argentina.