La Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe atraviesa una etapa decisiva con la presentación del dictamen de mayoría sobre el capítulo judicial, impulsado por el oficialismo liderado por el gobernador Maximiliano Pullaro. El documento propone una reestructuración profunda del Poder Judicial provincial, generando un intenso debate político y jurídico sobre la independencia de la Justicia.

Según el dictamen, la Corte Suprema de Santa Fe estará integrada por siete ministros, garantizando paridad de género y representación territorial. Los jueces deberán retirarse al cumplir 75 años o tras veinte años de servicio, sin posibilidad de renovación. Además, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa se transformarán en órganos "extrapoder", independientes del Poder Judicial, con autonomía presupuestaria y de gestión.

Uno de los puntos más controvertidos es el fortalecimiento del estamento político en la designación y remoción de jueces, fiscales y defensores. El Consejo de la Magistratura, que funcionará como órgano asesor del Ejecutivo, será responsable de seleccionar candidatos para la magistratura y los ministerios públicos, elevando propuestas al gobernador. El tribunal de enjuiciamiento estará compuesto mayoritariamente por representantes políticos, lo que ha suscitado críticas sobre la posible pérdida de autonomía judicial.

La oposición, encabezada por la Coalición Cívica-ARI, denunció que la reforma implica una "hiperconcentración del poder" en manos del Ejecutivo y constituye una "violación del sistema republicano". "El verdadero propósito de estas reformas es someter por completo al Poder Judicial santafesino", afirmó la convencional Lucila Lehmann. Los opositores anticiparon que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar la iniciativa.

Por su parte, convencionales oficialistas y especialistas consultados defendieron la autonomía otorgada a los ministerios públicos y la modernización institucional. "Santa Fe tenía una deuda en ese sentido, un ministerio público sin depender ni de jueces ni del Poder Ejecutivo", sostuvo Lionella Cattalini, constituyente del socialismo.

El proceso de reforma incluyó la presentación de 105 dictámenes, tras audiencias públicas y consultas a especialistas, reflejando la amplitud del debate. La Comisión Redactora comenzará a trabajar en el texto final que será sometido al pleno de la Convención. El resultado de este proceso podría redefinir la relación entre política y Justicia en la provincia, con implicaciones para el sistema institucional santafesino y el debate nacional sobre la independencia judicial.