En el marco de la controversia generada por el reciente veto presidencial al aumento de las jubilaciones, el PRO reactivó un proyecto legislativo que busca eliminar las jubilaciones de privilegio otorgadas a expresidentes, exvicepresidentes y jueces de la Corte Suprema en Argentina. La iniciativa, presentada por el diputado bonaerense Gerardo Milman, propone derogar el régimen especial vigente desde 1991, que permite a quienes ocuparon los más altos cargos del país acceder a asignaciones vitalicias considerablemente superiores a las del régimen general del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Según los fundamentos del proyecto, el régimen resulta "inmoral, injustificable e incompatible con los principios republicanos" y representa un gasto fiscal injustificable en el contexto de una economía contraída y un sistema previsional colapsado. Actualmente, al menos trece personas, entre expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios fallecidos, perciben estos beneficios, con montos que superan los seis millones de pesos mensuales en valores actualizados a 2025. Entre los beneficiarios figuran Mauricio Macri, Adolfo Rodríguez Saá, María Estela Martínez de Perón y Alberto Fernández, así como los exvicepresidentes Julio Cobos, Gabriela Michetti y Daniel Scioli. También reciben asignaciones familiares de expresidentes como Zulema Yoma, Inés Pertiné, Bety Nelly Andrés y Amalia Carmen Guido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) revocó el beneficio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al exvicepresidente Amado Boudou, ambos condenados por delitos en el ejercicio de la función pública. Por su parte, el presidente Javier Milei renunció formalmente a su futura jubilación de privilegio, decisión que fue aprobada por la ANSES.

El sistema previsional argentino enfrenta un déficit estructural que oscila entre el 2% y el 3% del PBI, con el 65% de los jubilados cobrando haberes mínimos o cercanos al mínimo. Milman argumenta que "cada peso destinado a jubilaciones de privilegio es un acto de injusticia redistributiva" y que la eliminación de estos beneficios enviaría un mensaje contundente de igualdad ante la ley.

El proyecto será debatido en la Comisión de Previsión Social de la Cámara baja, en un contexto de alta tensión política entre el oficialismo y la oposición. Mientras Milei sostiene que "promulgar leyes que llevan a la quiebra de la Nación" es irresponsable, el PRO presenta la iniciativa como una convicción ética y política, no como revancha. El debate promete profundizar la discusión sobre la equidad y la sostenibilidad del sistema previsional argentino, en medio de una crisis económica y social que afecta a millones de jubilados.