Alberto Fernández llegó a Comodoro Py para ser indagado en la causa de los seguros
• Alberto Fernández declaró ante la Justicia por la causa de los seguros. • Negó delitos y defendió la legalidad de su gestión. • La Cámara Federal levantó la inhibición de bienes de los imputados. • El juez debe definir la situación procesal.



El ex presidente Alberto Fernández se presentó este viernes en los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos estatales durante su gestión. Ante el juez Sebastián Casanello, Fernández negó haber cometido delitos y defendió la legalidad del decreto 823/2021, que centralizó la contratación de pólizas en Nación Seguros y habilitó la intervención de brokers, entre ellos Héctor Martínez Sosa, vinculado a su entorno personal.
Durante casi dos horas, Fernández respondió preguntas del juez, del fiscal Carlos Rívolo y de su defensa. Explicó que las facturas emitidas a Martínez Sosa entre 2010 y 2019 correspondían a informes profesionales y negó haber favorecido a personas específicas. "Jamás coordiné ni direccioné una maniobra ilícita; jamás creí que el dictado del Decreto Nro. 823/2021 perjudicaría al Estado y jamás busqué beneficiar a las personas o empresas imputadas como brókers", sostuvo el ex mandatario en su descargo.
La defensa de Fernández, encabezada por Mariana Barbitta, calificó la imputación como genérica y solicitó que se cite a declarar a exfuncionarios como Vilma Ibarra y Martín Guzmán para acreditar el marco institucional de las decisiones. El informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) detectó facturaciones de Fernández a Martínez Sosa, pero el ex presidente aseguró que no tuvo injerencia en los procesos licitatorios ni en la elección de intermediarios.
En paralelo, la Cámara Federal revocó la inhibición de bienes que pesaba sobre 51 imputados, incluido Fernández, al considerar que la medida carecía de fundamentación suficiente tras más de seis meses sin avances procesales. Sin embargo, un camarista votó en disidencia, argumentando que en casos de presunta corrupción es recomendable mantener la restricción de activos.
El juez Casanello debe ahora definir la situación procesal de los acusados, con la posibilidad de procesarlos, dictar la falta de mérito o sobreseerlos. La causa sigue abierta y bajo investigación, mientras la defensa de Fernández insiste en que su intervención se limitó al diseño de una política pública sin beneficios personales ni direccionamientos indebidos.
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