"Tenía dos posgrados y me creía la más viva": el dramático relato de una víctima de las gitanas estafadoras
• Nueva víctima denuncia a banda de gitanas estafadoras en Lomas de Zamora • La estafa llevó al suicidio de una peluquera tras perder $14 millones • Las acusadas siguen prófugas; una recibió eximición de prisión • Impacto social y judicial en la zona sur bonaerense


Una nueva denuncia ha reavivado el caso de la banda de mujeres conocidas como "gitanas estafadoras" en Lomas de Zamora, responsables de una serie de fraudes que culminaron con el suicidio de una joven peluquera. El hecho ocurrió en enero de 2026, cuando Merlín Díaz, de 30 años, fue engañada por tres mujeres que, bajo la promesa de realizar una "limpieza espiritual" para eliminar una supuesta maldición, lograron que les entregara todos sus ahorros, equivalentes a 14 millones de pesos.
Según la investigación, las estafadoras, identificadas como Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich, manipularon psicológicamente a la víctima durante un mes. Tras el fraude, Díaz dejó cartas y mensajes en los que incriminaba a las acusadas antes de quitarse la vida ingiriendo ácido muriático. "Yo le dije que la plata no importaba y que iba a estar bien", relató su pareja, quien la encontró y la llevó al hospital, donde falleció poco después.
El caso generó un fuerte impacto social y motivó a otras víctimas a denunciar. Mercedes, una de ellas, contó que durante años sintió vergüenza de acudir a la Justicia. "La manera de trabajar de esta gente es gracias al silencio de los que somos víctimas", afirmó en declaraciones televisivas. El miedo y el estigma social dificultaron que más personas denunciaran, aunque la gravedad del caso ha impulsado a varias a romper el silencio.
Las acusadas permanecen prófugas desde el 20 de enero, aunque una de ellas recibió recientemente el beneficio de eximición de prisión por no contar con antecedentes penales. La policía desplegó operativos en dos provincias para localizarlas, mientras la Justicia continúa la investigación con pruebas de cámaras de seguridad, testimonios y rastreo telefónico. El caso ha puesto en debate la respuesta judicial ante delitos de estafa y el acompañamiento a las víctimas, así como la necesidad de mayor prevención y contención social.
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