A poco más de un mes de la fecha fijada para la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py, la Procuración General de la Nación y los fiscales federales han elevado su nivel de alarma ante la falta de recursos materiales y presupuestarios. El procurador general interino, Eduardo Casal, envió una nota al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en la que advirtió que las condiciones actuales no permiten garantizar una transición adecuada al nuevo modelo procesal, previsto para el 11 de agosto.

El sistema acusatorio, que ya rige en otras provincias, implica que los fiscales asuman la conducción de las investigaciones penales, mientras que los jueces pasan a desempeñar un rol de garantes del proceso. Sin embargo, la Procuración denuncia que persisten graves carencias en infraestructura, personal, tecnología y presupuesto. A esto se suma un reciente recorte del 2,5% en los fondos, ordenado por el Ministerio de Economía, que agrava la situación.

Casal señaló que no se han concretado promesas clave, como la cesión de un edificio en la ex ESMA, la provisión de computadoras y software especializado, ni la incorporación de personal necesario. "Como estamos es imposible llegar al 11 de agosto", resumió un fiscal consultado. La asimetría entre jueces y fiscales es notoria: 71 jueces frente a 40 fiscales y tres veces menos empleados en el Ministerio Público.

El Ministerio de Justicia, por su parte, mantiene la fecha de inicio y sostiene que la transición es viable con los recursos actuales, atribuyendo parte de los reclamos a una resistencia cultural al cambio. Sin embargo, la Procuración y los fiscales advierten que la falta de recursos podría comprometer causas complejas de corrupción, narcotráfico y crimen organizado que se tramitan en Comodoro Py.

La Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura no han respaldado un pedido de prórroga, y la tensión institucional persiste. Mientras tanto, la Oficina Judicial ya fue puesta en funciones para coordinar la transición, aunque las dudas sobre la viabilidad del proceso se mantienen. El desenlace de esta situación podría tener impacto directo en la eficacia de la justicia federal y en la resolución de causas de alto perfil.