Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional y operador clave de Karina Milei, se encuentra en el centro de una crisis política que sacude al gobierno nacional. La situación se desató tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en los que se mencionan supuestos sobornos y direccionamiento de contratos estatales, involucrando a Menem y otros funcionarios cercanos a la Casa Rosada.

El caso, conocido como "caso Spagnuolo", es objeto de una investigación judicial en los tribunales de Comodoro Py, donde se analizan registros telefónicos y documentación de empresas vinculadas, como la droguería Suizo Argentina. Los abogados defensores de los implicados cuestionan la legitimidad de las escuchas, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas colabora en la pesquisa. En paralelo, se investigan contratos millonarios y licitaciones en organismos públicos, así como presuntos pedidos de retornos en delegaciones de PAMI en varias provincias.

La crisis se agravó tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en Corrientes, donde el candidato Lisandro Almirón obtuvo apenas el 8% de los votos, quedando en cuarto lugar detrás del oficialismo y otras fuerzas tradicionales. El armado electoral, impulsado por Menem, fue señalado como uno de los factores del resultado adverso, lo que sumó presión sobre su continuidad en el cargo.

Guillermo Francos, jefe de gabinete, reconoció públicamente que la posible salida de Menem está en debate dentro del gobierno, aunque por el momento se descarta. "Tomar alguna decisión con Lule Menem es como señalarlo como la posibilidad de que haya cometido un hecho de corrupción, lo que no está de ninguna manera en la mira del Gobierno", afirmó Francos. Por su parte, Menem, Karina Milei y Martín Menem han negado categóricamente cualquier vinculación con las contrataciones investigadas y denunciaron que las acusaciones forman parte de una "operación política" impulsada por sectores opositores y por internas dentro del oficialismo.

El caso se desarrolla en un contexto de elecciones legislativas y creciente escrutinio sobre la gestión de fondos públicos, con investigaciones que alcanzan a varias provincias y organismos estatales. Mientras la Justicia avanza en la recolección de pruebas y testimonios, el futuro político de Lule Menem permanece incierto, en medio de tensiones internas y disputas de poder en el oficialismo. La resolución de la causa y el impacto en la imagen del gobierno serán determinantes para el devenir de la gestión libertaria.