La fiscalía pidió que el doble femicida de Córdoba vaya a juicio: mató a su exmujer y a su exsuegra y escapó con su hijo
🔴 Elevan a juicio el caso del doble femicidio en Córdoba: Pablo Laurta será juzgado por el asesinato de su ex pareja y ex suegra. El acusado también enfrenta cargos por otro homicidio en Entre Ríos. #Justicia #Córdoba



Pablo Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja Luna Giardina y a su ex suegra Mariel Zamudio en Córdoba, irá a juicio oral en los primeros meses de 2026. La decisión fue tomada por el fiscal de Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, quien elevó la causa a juicio, a la espera de la confirmación del juez de control. Laurta enfrenta cargos de homicidio calificado por vínculo, alevosía, violencia de género, violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.
El doble femicidio ocurrió el 11 de octubre en la vivienda de las víctimas, ubicada en Villa Serrana, al norte de la ciudad de Córdoba. Según la investigación, Laurta ingresó armado y disparó a quemarropa contra Giardina y Zamudio. Tras el crimen, huyó con su hijo de cinco años y fue capturado días después en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, tras una intensa búsqueda policial.
Las fuentes judiciales confirmaron que Luna Giardina había denunciado reiteradamente a Laurta por violencia de género y amenazas. Pese a contar con una orden de restricción y un botón antipánico, las medidas no lograron evitar el desenlace fatal. El caso ha generado un fuerte impacto social y reavivó el debate sobre la efectividad de los mecanismos de protección para víctimas de violencia de género en Argentina.
Además, Laurta enfrenta cargos en Entre Ríos por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, a quien habría asesinado y descuartizado tras contratarlo para un viaje. La investigación sostiene que Laurta cruzó a Argentina de forma clandestina, evitando los controles migratorios, y que tenía antecedentes de militancia antifeminista en Uruguay.
El proceso judicial es seguido de cerca por familiares de las víctimas, organizaciones feministas y la opinión pública, quienes exigen justicia y cuestionan la falta de prevención ante las reiteradas denuncias. El juicio podría sentar precedentes en la aplicación de medidas de protección y en la respuesta institucional ante casos de violencia de género.
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