El reciente paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en Argentina marcó un nuevo capítulo en la disputa por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza, que paralizó el transporte público y la actividad industrial en gran parte del país, fue respaldada por más del 90% de los trabajadores según los gremios, y contó con el apoyo del 71,9% de la población, de acuerdo a una encuesta de la consultora Zentrix.

El paro, realizado en rechazo a la media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, tuvo un fuerte impacto en el funcionamiento de trenes, colectivos y fábricas, así como en la atención en bancos y dependencias públicas. Solo algunas líneas de colectivos del grupo DOTA circularon, y lo hicieron con escasa afluencia de pasajeros. "Ese humor social ha sido representado por la decisión de esta CGT", afirmó Jorge Sola, cosecretario general de la central obrera, quien también anticipó que la organización llevará la reforma a los tribunales por considerarla "totalmente inconstitucional".

El Gobierno, por su parte, anunció que aplicará multas económicas a los gremios de transporte que adhirieron al paro, argumentando el incumplimiento de la conciliación obligatoria vigente. "No hablamos de revancha ni venganza, lo que buscamos es dejar el mensaje de que incumplir con una conciliación es grave. Tienen que cumplir con la ley", señalaron fuentes oficiales. La administración descartó, por ahora, avanzar con la quita de la personería gremial, aunque no descarta retomar esa opción si los sindicatos no cumplen con las sanciones.

El debate sobre la reforma laboral se da en un contexto de deterioro del mercado de trabajo, caída del consumo y debilitamiento industrial, factores que han incrementado la sensibilidad social frente a los cambios propuestos. El apoyo a la reforma, que en noviembre de 2025 era del 55%, descendió al 48,6% en febrero de 2026, mientras que el rechazo creció al 45,2%.

Mientras tanto, sectores sindicales más combativos, como la UOM y el Frente de Sindicatos Unidos, proponen profundizar las medidas con un paro de 36 horas y movilización al Congreso. La CGT, aunque aún no definió nuevas acciones, mantiene abierta la posibilidad de continuar el plan de lucha y apuesta a la vía judicial para frenar la reforma. El desenlace dependerá de la votación en el Senado y de la capacidad de movilización de los distintos actores sociales y políticos.