La histórica sociedad entre Cristóbal López y Fabián de Sousa, fundadores del Grupo Indalo, ha llegado a su fin, marcando un cambio significativo en el panorama empresarial y mediático de Argentina. La ruptura, confirmada por fuentes cercanas al holding, implica una redistribución de activos y responsabilidades que afecta sectores clave como los medios de comunicación, la construcción y la energía.

Cristóbal López, quien mantendrá el 70% de la composición accionaria del grupo, ha retomado el control de los medios de comunicación, incluyendo C5N, Radio 10, Ámbito Financiero y MinutoUno. Este movimiento marca un cambio en la dirección editorial de estos medios, con la posibilidad de una línea más crítica hacia el gobierno de Javier Milei, aunque sin volver al estilo militante del kirchnerismo. Por su parte, Fabián de Sousa conservará el 30% de las acciones y se enfocará en activos como Alcalis de la Patagonia, proyectos inmobiliarios y desarrollos energéticos.

La constructora CPC, bajo la dirección de López, sigue enfrentando desafíos con obras públicas paralizadas en la Patagonia, como la autovía Comodoro-Caleta Olivia y el acueducto Lago Musters-Comodoro Rivadavia. Estas obras, esenciales para la región, permanecen inconclusas y dependen de decisiones políticas y financiamiento adicional. Mientras tanto, De Sousa busca reposicionarse en el sector energético y la minería, con interés en áreas devueltas por YPF en Santa Cruz.

La planta de Alcalis de la Patagonia, un activo clave para De Sousa, enfrenta dificultades financieras debido a la apertura de importaciones y altos costos de gas. El gobierno de Río Negro ha anunciado una asistencia de USD 3 millones para evitar despidos y garantizar la continuidad de sus operaciones, que emplean a más de 400 personas.

El Grupo Indalo, fundado en 1998 en Comodoro Rivadavia, tuvo su auge durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pero enfrentó problemas legales y financieros bajo el gobierno de Mauricio Macri. Ambos empresarios fueron acusados de evadir impuestos mediante el no pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), aunque posteriormente fueron absueltos. La división de activos refleja un intento de reorganización tras años de crisis y litigios.

La separación empresarial genera incertidumbre sobre el futuro de las obras públicas y los proyectos energéticos en la región patagónica y a nivel nacional. Actores políticos y económicos observan de cerca el impacto de esta reestructuración, que podría redefinir el mapa empresarial y mediático de Argentina en los próximos años.