La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ratificó este lunes su rechazo a la propuesta salarial del gobierno de Axel Kicillof y convocó a un paro total de actividades en toda la provincia de Buenos Aires. La decisión, tomada en asambleas realizadas en las 20 departamentales judiciales, se suma al conflicto docente y estatal que pone en jaque el inicio del ciclo lectivo 2026.

El gobierno bonaerense había ofrecido un aumento del 3% para febrero, considerado insuficiente por los gremios para compensar la inflación y la pérdida de poder adquisitivo registrada durante 2025. "La necesidad de una recomposición salarial que permita recuperar ingresos frente al avance de la inflación y garantizar condiciones dignas para las y los trabajadores judiciales de la provincia" fue el eje del reclamo, según comunicó la AJB.

La medida de fuerza fue coordinada con otros sindicatos estatales, como los docentes y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), quienes también rechazaron la oferta salarial y amenazan con paralizar el inicio de clases. Voceros gremiales señalaron que "hubo una promesa del propio Kicillof que no se está cumpliendo", en referencia a la expectativa de una mejora salarial mayor.

El paro judicial se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno provincial y los gremios, que exigen una propuesta superadora y la creación de una Ley de Paritaria propia para el sector judicial. Mientras tanto, el Ministerio de Economía provincial informó que liquidará un 1,5% adicional a cuenta de futuros acuerdos, en un intento de evitar que los haberes queden por debajo de lo percibido en enero.

Desde el gobierno, funcionarios admiten que es "prácticamente imposible" otorgar un incremento superior al 3%, aunque mantienen abiertas las negociaciones con los distintos gremios. Un legislador bonaerense criticó la política salarial de Kicillof, señalando que "Scioli gastaba 50% del presupuesto bonaerense en masa salarial, Vidal 42% y Kicillof los bajó al 39%".

La situación genera incertidumbre sobre el inicio normal de las clases y anticipa posibles nuevas medidas de fuerza si no se alcanza un acuerdo satisfactorio para los trabajadores estatales. El conflicto refleja la compleja situación económica y social que atraviesa la provincia de Buenos Aires, con impacto directo en los servicios públicos y la gobernabilidad.