La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza ha anunciado una nueva subasta pública para rematar la mansión confiscada al exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, quien cumple una condena de 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito y fraude al Estado. La propiedad, ubicada en el barrio Alto Portal del Sauce, será subastada de manera online con un precio base de $64.041.977,30, casi la mitad de lo solicitado en intentos previos.

La mansión, que cuenta con 1.666 m² de terreno y más de 620 m² cubiertos, incluye múltiples ambientes, una pileta, quincho y cochera techada. Sin embargo, requiere refacciones, especialmente en las instalaciones eléctricas. La exhibición del inmueble está programada para el 30 de mayo, y los interesados podrán participar en la subasta hasta el 5 de junio de 2025.

Este es el tercer intento de subasta, ya que los dos anteriores fracasaron por falta de interesados. La propiedad fue confiscada en 2021 bajo la Ley de Extinción de Dominio, que permite al Estado recuperar bienes obtenidos ilícitamente y destinarlos a fines sociales. En este caso, los fondos recaudados se utilizarán para la reparación de escuelas públicas en Mendoza.

La historia de la mansión está marcada por controversias. Durante el proceso de decomiso, se detectó un "autorrobo" de mobiliario, que fue recuperado y asignado a escuelas públicas. Además, la propiedad acumula deudas que serán cubiertas por la DGE al momento de la escrituración.

Luis Lobos, exintendente peronista de Guaymallén, fue condenado en 2022 por múltiples casos de corrupción. La confiscación de la mansión simboliza un avance en la lucha contra la corrupción en Mendoza. La subasta ha sido presentada como un proceso transparente y participativo, abierto a todos los ciudadanos.

La Ley de Extinción de Dominio ha sido clave en este caso, permitiendo que bienes obtenidos ilícitamente sean reutilizados para fines sociales. La subasta de la mansión de Lobos no solo busca cerrar un capítulo de corrupción, sino también generar recursos para mejorar la infraestructura educativa en la provincia. Sin embargo, algunos sectores han criticado la demora en concretar la venta, mientras que otros destacan la importancia de destinar los fondos a la educación.

Con este nuevo intento de subasta, la DGE espera finalmente adjudicar la propiedad y destinar los recursos a un propósito socialmente significativo, marcando un precedente en la gestión de bienes confiscados por corrupción.