La confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema ha generado un fuerte impacto en la política argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof, pese a la presión de sectores del peronismo y del kirchnerismo, ratificó que mantendrá el desdoblamiento electoral, con comicios provinciales el 7 de septiembre y elecciones nacionales el 26 de octubre.

La decisión de la Corte, que implica la prisión e inhabilitación perpetua de la expresidenta, unificó al peronismo en su defensa, pero también profundizó las tensiones internas. Sectores cercanos a Cristina Kirchner, como La Cámpora, han criticado abiertamente a Kicillof, señalando que el desdoblamiento electoral dejó a la exmandataria "sola" en su batalla judicial y política. La senadora Anabel Fernández Sagasti expresó que "hubiera sido muy distinto si la provincia de Buenos Aires no hubiera desdoblado", sugiriendo que la condena podría haberse postergado si las elecciones coincidían.

En este contexto, Kicillof enfrenta un escenario complejo. Aunque mantiene el apoyo formal a Cristina Kirchner, ha sido objeto de hostilidad y exclusión en actos partidarios. Las negociaciones internas en el peronismo bonaerense están congeladas, y el margen de maniobra del gobernador se ha reducido considerablemente. La organización de las elecciones provinciales avanza, con el Correo Argentino a cargo de la logística y un costo superior a los 51 mil millones de pesos.

Mientras tanto, el peronismo busca reorganizarse de cara a las elecciones de 2027, en un contexto de incertidumbre sobre el futuro liderazgo del espacio. Cristina Kirchner, aunque inhabilitada, mantiene centralidad política y se espera una masiva movilización para acompañarla a Comodoro Py. Kicillof, por su parte, deberá construir su propia identidad política sin perder el apoyo del electorado kirchnerista, en un escenario donde las tensiones internas y la disputa por el liderazgo continúan latentes.