El conflicto por la administración del Puerto de Ushuaia ha alcanzado una instancia decisiva, tras la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) en enero de 2026. La medida, fundamentada en presuntas deficiencias de seguridad y desvío de fondos, fue rechazada por el gobierno provincial, que denunció una violación a la autonomía y al sistema federal.

El juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, se declaró incompetente para resolver el litigio, remitiendo el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta decisión busca evitar sentencias contradictorias y garantizar la economía procesal, dado que el conflicto enfrenta a una provincia y el Estado Nacional por un activo estratégico.

La intervención nacional implicó la suspensión preventiva de la habilitación del muelle y el traspaso del control operativo y financiero a la Nación. Según el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, "la única diferencia es que los recursos ahora van a una cuenta nacional y no a la Provincia". Murcia denunció que "no hubo absolutamente ningún cambio" en la actividad portuaria, pero sí restricciones al ingreso de personal local.

El diputado nacional Agustín Tita presentó una cuestión de privilegio en el Congreso, calificando la intervención como "un atropello a nuestra autonomía federal" y defendiendo el puerto como "pilar estratégico de la provincia". La demanda judicial por inconstitucionalidad fue presentada por el gobernador Gustavo Melella, quien solicitó la suspensión de la resolución nacional y la restitución del control local.

El puerto de Ushuaia, con un presupuesto anual de 22.000 millones de pesos y más de 700 embarcaciones recibidas por año, es vital para la economía fueguina y la industria electrónica local. La disputa por su administración pone en juego la soberanía provincial y el federalismo argentino, mientras la Corte Suprema se prepara para definir el futuro de la terminal.

El caso ha generado un intenso debate político y social, con posturas encontradas sobre la legitimidad de la intervención y el uso de recursos portuarios. El pronunciamiento del máximo tribunal será clave para resolver el conflicto y sentar precedentes sobre la autonomía provincial y el control de activos estratégicos.