El conflicto por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) ha alcanzado un nuevo punto crítico. El juez federal de Pehuajó, Héctor Heim, ordenó al gobierno restablecer el fondo o presentar un plan alternativo para financiar obras esenciales en 37 barrios populares. Esta decisión surge tras la eliminación del FISU, una medida adoptada por el gobierno de Javier Milei como parte de un ajuste fiscal, que ha dejado a 334,000 familias sin acceso a servicios básicos como agua potable, cloacas y electricidad.

El FISU, creado en 2019 durante la gestión de Alberto Fernández, estaba destinado a financiar proyectos de urbanización en barrios populares, utilizando recursos del impuesto PAIS y otros aportes. Sin embargo, quedó desfinanciado en 2020, lo que llevó a la paralización de más de 30,000 obras en todo el país. La eliminación del fondo fue justificada por el gobierno actual debido a denuncias de mal manejo de recursos, pero ha generado críticas generalizadas por su impacto social.

El juez Heim también impuso una multa diaria de $200,000 al subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, por incumplir la orden judicial de presentar un plan de continuidad para las obras. Organizaciones sociales como el CELS y la Mesa Nacional de Barrios Populares han liderado las demandas judiciales y movilizaciones, argumentando que la medida afecta derechos fundamentales como el acceso a la vivienda digna y un ambiente sano.

La situación ha generado reacciones diversas. El obispo Gustavo Carrara, de Cáritas, advirtió sobre el avance del narcotráfico en los barrios afectados y calificó la medida como un "pecado" desde una perspectiva cristiana. Por su parte, el gobierno ha defendido la eliminación del FISU como una medida necesaria para reorganizar prioridades presupuestarias.

El impacto de esta decisión no se limita a la paralización de obras. También ha llevado a pérdidas económicas significativas y al deterioro de infraestructura ya construida. En barrios como Santa Paula, en Moreno, y Cumba, en Pehuajó, las obras inconclusas han empeorado las condiciones de vida de los residentes.

La Justicia ha dado al gobierno un plazo de tres días para presentar un informe detallado sobre los recursos del FISU y un plan de acción. De no cumplir, el caso podría escalar al fuero penal, aumentando la presión sobre el Ejecutivo. Mientras tanto, organizaciones sociales y religiosas continúan exigiendo una solución inmediata para evitar mayores perjuicios a los sectores más vulnerables.