Una jubilada de 80 años obtuvo un fallo judicial sin precedentes tras quedar atrapada en una espiral de deudas por préstamos personales con condiciones poco claras y prácticas abusivas. La Cámara Nacional en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires declaró la nulidad de los contratos firmados con Cartasur Cards S.A. y condenó a esta empresa, junto a Enpro S.R.L., a pagar una indemnización millonaria a la mujer, a quien calificó como "consumidora hipervulnerable".

La mujer, jubilada y pensionada, recurrió a los créditos personales porque sus ingresos no le alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, las sucesivas refinanciaciones y la falta de información sobre tasas de interés y sistema de amortización la llevaron a una situación de sobreendeudamiento, comprometiendo hasta el 49% de sus haberes. Su yerno intentó durante años obtener detalles de la deuda, pero nunca recibió respuesta de la financiera.

Enpro S.R.L., encargada de la gestión de cobros, la acosó con mensajes intimidatorios por WhatsApp y correo electrónico, incluso después de iniciada la demanda judicial. La Justicia consideró que ambas empresas vulneraron el derecho de la mujer a recibir información clara y a un trato digno, y criticó la falta de análisis crediticio serio por parte de Cartasur, que continuó otorgándole préstamos a pesar de su situación económica.

El fallo de primera instancia otorgó a la jubilada $2.500.000 por daño moral y $10.000.000 por daño punitivo. Tras la apelación de las partes, la Cámara elevó el daño moral a $2.600.000 y redujo el daño punitivo a $5.000.000. Además, ordenó a las empresas abstenerse de incluir a la mujer en registros de deudores y rectificar cualquier información negativa en un plazo de 48 horas desde que la sentencia quede firme.

Este caso sienta un precedente relevante en la defensa de los consumidores, especialmente de personas mayores y con bajos recursos, frente a prácticas financieras abusivas. Especialistas en defensa del consumidor destacan la importancia de exigir información clara y consultar contratos antes de firmar préstamos, en particular los ofrecidos por canales digitales. El fallo podría influir en futuras regulaciones y en la conducta de entidades financieras respecto a clientes en situación de vulnerabilidad.