El diputado nacional Ricardo López Murphy presentó un proyecto de ley que busca otorgar una reparación histórica a las víctimas de organizaciones armadas como el ERP y Montoneros, que operaron en Argentina entre 1960 y 1989. La iniciativa propone un beneficio económico único y actos de reparación moral para quienes hayan sufrido atentados, lesiones graves o gravísimas, o privación de libertad por más de 72 horas debido a acciones de estos grupos.

Según el texto del proyecto, más de 17.000 personas fueron afectadas por atentados, secuestros y ataques perpetrados por estas organizaciones. El monto base del beneficio será equivalente a 100 veces la remuneración mensual de un agente Nivel A, Grado 0, del SINEP. Además, se contempla un porcentaje menor para quienes hayan sufrido lesiones menos graves. El beneficio estará exento de impuestos y tasas administrativas o judiciales.

El proyecto también incluye actos de reparación moral, como la creación de monumentos y memoriales, y establece que los beneficiarios deberán renunciar a acciones judiciales pendientes por los mismos hechos. En caso de haber recibido indemnizaciones previas, estas serán deducidas del monto a percibir.

López Murphy argumentó que la propuesta busca saldar una deuda histórica y promover una memoria inclusiva, destacando que "la reparación no puede tener jerarquías morales". La iniciativa se inspira en leyes internacionales como la Ley 29/2011 de España y la Ley N° 20.193 de Uruguay, y se apoya en principios de la ONU y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación y verificará los requisitos mediante un trámite sumarísimo. Los beneficiarios tendrán un plazo de 12 meses desde la reglamentación para presentar sus solicitudes. La implementación de la ley dependerá de su aprobación legislativa y posterior reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

La propuesta ha generado expectativas y posibles debates en torno a su impacto en la sociedad argentina, especialmente en relación con la memoria histórica y las reparaciones previas otorgadas a víctimas del terrorismo de Estado. López Murphy subrayó que el proyecto es un acto de "igualdad ante la ley" y "solidaridad de la sociedad".