Un violento episodio conmocionó a la ciudad de Cinco Saltos, en Río Negro, cuando Diego Fasce, de 37 años, fue asesinado a balazos frente a la Escuela 63 durante la salida de los alumnos. El hecho ocurrió el miércoles 25 de junio alrededor de las 17:30, en un horario en que numerosos niños y padres se encontraban en las inmediaciones del establecimiento educativo.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, el agresor, identificado como Francisco Castillo, se entregó voluntariamente en la comisaría local horas después del crimen, portando el arma utilizada. Castillo confesó haber disparado contra Fasce, alegando que actuó en defensa propia tras meses de amenazas y hostigamientos por parte de la víctima hacia su familia, especialmente contra su sobrina, expareja de Fasce.

La investigación reveló que existía un conflicto previo entre ambos hombres, con denuncias cruzadas y antecedentes penales de Fasce, quien había sido acusado de amenazas y de un crimen en Buenos Aires. El abogado defensor de Castillo, Michel Rischmann, sostuvo que su cliente vivía bajo un "contexto extremo de amenazas" y que el día del hecho, Fasce lo habría amenazado con un arma y le habría quitado el celular y dinero. En medio de un forcejeo, Castillo habría logrado arrebatarle el arma y disparó, según la versión de la defensa.

Sin embargo, la fiscalía, a cargo de Leandro López, sostiene que el ataque fue intencional y con exceso de violencia, ya que la autopsia confirmó al menos cinco impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Testigos y cámaras de seguridad aportaron pruebas clave para la investigación. La jueza de garantías ordenó la prisión preventiva de Castillo por seis meses, mientras continúa la investigación.

El hecho generó pánico y caos en la comunidad educativa. Patricia Navio, directora de la escuela, relató que debieron contener a los niños y familias dentro del edificio tras los disparos. Por motivos de seguridad, la institución suspendió las clases al día siguiente. El caso reavivó el debate sobre la efectividad de las medidas de protección y la respuesta estatal ante situaciones de violencia reiterada, mientras la comunidad exige mayor seguridad y contención.