El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la apertura del Congreso Provincial de Seguridad en la Escuela de Policía Juan Vucetich de Berazategui, en un contexto nacional marcado por el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal juvenil. Durante el acto, Kicillof estuvo acompañado por la cúpula de la Policía bonaerense, intendentes del conurbano e interior y funcionarios provinciales, quienes formalizaron la adhesión de seis nuevos municipios al programa Entramados, una iniciativa que busca prevenir el delito juvenil mediante la intervención sociocomunitaria del Estado.

El programa Entramados, que ya suma treinta municipios, apunta a la prevención y abordaje del delito juvenil a través de políticas integrales, priorizando la intervención estatal temprana y articulada con municipios, provincias y organizaciones comunitarias. Según el documento firmado por los intendentes, la iniciativa pone el foco en la prevención y el acompañamiento de jóvenes en riesgo, abordando trayectorias educativas interrumpidas, fragilidad de redes familiares, exposición a la violencia, acceso limitado a dispositivos de salud mental y falta de alternativas laborales.

En el acto, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, expresó: “El que mata, el que lastima, queda encerrado, tenga la edad que tenga. Pero también sabemos que para prevenir el delito hay que mejorar la calidad de vida, y eso implica más justicia social, trabajo e inversión de un Estado eficiente”. Kicillof, por su parte, envió un mensaje al gobierno nacional: “Le aviso a los libertarios: para tener mejor policía hay que invertir más y hay que tener más Estado. La Policía es el Estado también”.

El contexto del evento estuvo atravesado por la discusión sobre el régimen penal juvenil, que busca bajar la edad de pena de 16 a 14 años. En 2025, en la provincia de Buenos Aires se aprehendieron cerca de 5.000 menores de 16 años, de los cuales 19 fueron por homicidio. Según la administración provincial, el proyecto impulsado por el Gobierno nacional plantea penas de adultos para adolescentes, sin ofrecer políticas activas para el resto de los jóvenes en situación de riesgo.

Además, se firmó un convenio para destinar más de 5.000 millones de pesos a la construcción de 57 viviendas para personal policial en Azul. Kicillof criticó los recortes presupuestarios y sostuvo que “para tener una Policía mejor hay que contar con un Estado que invierta más y mejor”. El monitoreo sobre las condiciones de trabajo del personal policial se profundizó tras los incidentes en Santa Fe, donde la remoción del jefe policial en Rosario llevó al gobernador Maximiliano Pullaro a elevar el salario inicial de los policías.

El gobernador bonaerense recordó la revuelta policial de 2020, que derivó en la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, eliminado por la actual gestión nacional, afectando los recursos provinciales. El evento concluyó con el respaldo de intendentes y funcionarios provinciales al enfoque integral y preventivo de la seguridad.