Hace 70 años, en junio de 1956, la Argentina atravesaba uno de los episodios más oscuros de su historia política reciente. Bajo la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, que había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955, la persecución y proscripción del peronismo se intensificaron, alcanzando su punto más trágico con los primeros fusilamientos de militantes y militares justicialistas.

El 9 de junio de 1956, un grupo de militares y civiles peronistas, liderados por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, intentó instalar una radio clandestina en Avellaneda para difundir una proclama revolucionaria. El objetivo era convocar a un levantamiento cívico-militar que restaurara la democracia y pusiera fin a la represión instaurada por el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas. La proclama denunciaba la violación de la Constitución, la persecución política y la entrega de sectores estratégicos de la economía al capital extranjero.

Sin embargo, la operación fue descubierta y los principales líderes del movimiento fueron detenidos antes de lograr su cometido. La respuesta de las autoridades fue inmediata y brutal. "Fusílelos a todos", ordenó una voz al teléfono al subjefe de la Policía bonaerense, Salvador Ambroggio. Seis de los detenidos fueron ejecutados sumariamente en Lanús y Avellaneda, sin juicio previo ni la vigencia formal de la ley marcial.

Entre los arrestados se encontraban Clemente Braulio Ross, Alcides Sana, el coronel Calderón, el teniente coronel José Albino Yrigoyen, el capitán Jorge Costales y Dante Hipólito Lugo. Sana logró sobrevivir gracias a una maniobra durante la detención y a una serie de circunstancias fortuitas. El resto no corrió la misma suerte y sus muertes marcaron el inicio de una etapa de represión sistemática contra el peronismo.

Los responsables de las ejecuciones, entre ellos Ambroggio y su superior Desiderio Fernández Suárez, nunca fueron juzgados por estos crímenes. Los fusilamientos de 1956 no solo segaron vidas, sino que inauguraron una era de violencia, impunidad y olvido que marcaría la política argentina durante décadas. El recuerdo de estos hechos sigue siendo motivo de reflexión y debate sobre la memoria, la justicia y la democracia en el país.