La campaña electoral de Fuerza Patria en Santa Fe se encuentra en el centro de una controversia judicial y política tras la denuncia presentada por la alianza Provincias Unidas. Según los escritos presentados ante la justicia los días 22 y 23 de octubre, la Asociación Civil 29 de Abril habría destinado más de 21 millones de pesos para financiar publicidad en redes sociales a favor de los candidatos de Fuerza Patria, entre ellos Caren Tepp y Oscar Martínez.

La ONG, fundada para asistir a los damnificados por la inundación de 2003 en Santa Fe, es acusada de desviar fondos fuera de su objeto social, lo que los denunciantes consideran una "defraudación para los asociados". El conflicto de intereses se agrava por la participación de Pablo Medei, tesorero de la asociación y candidato local de Fuerza Patria. El Registro de Personas Jurídicas notificó la apertura de un sumario administrativo y exigió la presentación de balances, libros de actas y detalles de gastos realizados entre 2022 y 2025.

Caren Tepp, diputada nacional electa y referente de Ciudad Futura, rechazó públicamente las acusaciones, calificándolas de "falsas" y parte de una campaña de desprestigio. "Somos estrictos en la transparencia y la rendición de cuentas", afirmó Tepp, quien instruyó a sus abogadas para colaborar con la justicia y deslindar responsabilidades. Tepp también denunció la proliferación de "fake news" y pidió terminar con "prácticas de la vieja política".

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, y la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, se sumaron a los pedidos de explicaciones públicas, subrayando la necesidad de transparencia en el financiamiento de campañas electorales. Schmuck remarcó que "es muy llamativo que se destinen fondos que debían ser para afectados por una emergencia hídrica hacia una campaña electoral".

El caso ha generado reacciones polarizadas en redes sociales y medios, con sectores libertarios y críticos del kirchnerismo cuestionando la moralidad de Tepp y vinculando el episodio a antecedentes ideológicos y políticos. Mientras la justicia avanza en la investigación, el debate sobre la ética y la transparencia en la política argentina se intensifica, dejando abiertas interrogantes sobre el futuro de la causa y sus implicancias para los actores involucrados.