El gobierno argentino inició 2026 con un superávit fiscal, según datos oficiales del Ministerio de Economía. El resultado primario ascendió a $3.125.737 millones y el financiero a $1.105.159 millones, cifras que representan un logro para el equipo económico liderado por Luis Caputo. Sin embargo, el balance positivo estuvo sostenido por ingresos extraordinarios de más de $1 billón, provenientes de la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue, un factor que no se repetirá en los próximos meses.

Sin este ingreso excepcional, el superávit primario habría sido de $2.085.834 millones y el financiero de apenas $65.256 millones, lo que evidencia la fragilidad del equilibrio fiscal. La recaudación fiscal real lleva seis meses consecutivos de caída interanual, con una baja del 8,1% en enero, mientras que el gasto público también disminuyó, aunque a un ritmo menor (0,7% interanual). Rubros indexados como jubilaciones y subsidios energéticos aumentaron en términos reales, sumando presión sobre el presupuesto.

El gobierno enfrenta el desafío de sostener el equilibrio fiscal en un contexto de menores ingresos, atribuible a la reducción de retenciones y cambios en la coparticipación impositiva. La privatización de empresas estatales como Intercargo, Transener y AySA surge como una alternativa para obtener ingresos adicionales y cumplir con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI monitorea de cerca el cumplimiento de metas fiscales y de acumulación de reservas, mientras que analistas advierten que el margen para nuevos recortes en el gasto es limitado. Consultoras como LCG y SBS destacan la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento y monitorear el impacto de la venta de activos en la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

El economista Ramiro Tosi señaló que el ingreso extraordinario no se repetirá y que la debilidad de la actividad económica afecta la recaudación. En este escenario, el objetivo de equilibrio fiscal para 2026, establecido en 2,2% del PIB, representa un desafío considerable. El debate sobre la calidad del resultado fiscal y la sostenibilidad del plan se mantiene vigente, mientras el gobierno busca alternativas para fortalecer las cuentas públicas y cumplir con las obligaciones internacionales.