El inicio del segundo cuatrimestre en más de 50 universidades nacionales argentinas se ve afectado por un paro docente y no docente que comenzó el 11 de agosto de 2025. La medida, impulsada por los principales gremios universitarios, responde a la pérdida salarial acumulada, la falta de actualización presupuestaria y la ausencia de negociaciones paritarias desde 2023. El reclamo se centra en la recomposición de salarios, que según los sindicatos, han caído más del 30% en términos reales, ubicando a muchos trabajadores universitarios por debajo de la línea de pobreza.

El paro coincide con la media sanción en la Cámara de Diputados de la Ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar fondos para salarios, funcionamiento y becas, y prevé la creación de un fondo especial para carreras estratégicas. Sin embargo, el presidente Javier Milei anticipó que vetará la norma si es aprobada por el Senado, argumentando la necesidad de mantener el déficit fiscal en cero. Esta postura generó preocupación entre los actores universitarios, quienes advierten que la continuidad del ajuste pone en riesgo la calidad educativa y el funcionamiento de las instituciones.

En la Universidad de Buenos Aires, el paro se concretó el 11 de agosto, seguido de una jornada de visibilización con clases públicas y actividades informativas. Otras universidades, como la de La Plata y Córdoba, extendieron la medida durante toda la semana. El conflicto también afecta a hospitales universitarios y colegios preuniversitarios, donde se suspendieron las actividades.

Rectores y gremios coinciden en la gravedad de la situación, señalando que el presupuesto universitario cayó a mínimos históricos, representando apenas el 0,7% del PBI. Las autoridades advierten que la falta de recursos obliga a cubrir gastos esenciales con fondos propios, lo que limita mejoras académicas y proyectos de investigación. El contexto se agrava por la proximidad de las elecciones legislativas y la persistencia de movilizaciones y protestas en el sector.

Mientras tanto, sindicatos y estudiantes preparan nuevas marchas y actividades de concientización, exigiendo que la educación superior sea considerada una política de Estado y se garantice su financiamiento. La expectativa está puesta en la aprobación de la ley en el Senado y en la capacidad de los legisladores para superar un eventual veto presidencial, en un escenario marcado por la tensión y la incertidumbre sobre el futuro de la universidad pública argentina.