La fábrica de pisos cerámicos Ilva, una de las más importantes del país, cerró sus puertas en Pilar a comienzos de septiembre, dejando a más de 300 trabajadores sin empleo y en medio de un conflicto laboral que se agrava con el paso de los días. El cierre, atribuido a la caída del consumo, el aumento de costos y la apertura de importaciones, fue comunicado oficialmente a fines de agosto, y desde entonces los empleados reclaman el pago de indemnizaciones y salarios adeudados.

A pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, la empresa no presentó propuestas de pago y los trabajadores continúan sin percibir sus haberes. “Todavía tenemos un candado en la puerta. Y estamos en conciliación obligatoria, que vence en el día de hoy”, relató Jonatan, delegado de los trabajadores, a Radio Provincia. La situación llevó a los empleados a realizar acampes, cortes en el Parque Industrial de Pilar y piquetes en la autopista Panamericana, que fueron desalojados pacíficamente por Gendarmería.

El conflicto tomó relevancia política con la visita del gobernador Axel Kicillof y el intendente Federico Achával, quienes manifestaron su apoyo a los trabajadores y criticaron la política económica nacional. “Estamos del lado de los trabajadores y vamos a acompañarlos en todo momento para defender cada puesto de trabajo”, afirmó Kicillof durante una reunión en la planta.

La Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA) denunció que la empresa intentó pagar solo la mitad de las indemnizaciones, amparándose en el artículo 247, pero ni siquiera cumplió con ese monto. Además, los gremios alertaron sobre la presión para aceptar retiros voluntarios en condiciones desfavorables y advirtieron que la crisis de Ilva podría sentar un precedente negativo para otras fábricas del sector.

El caso de Ilva se inscribe en un contexto más amplio de crisis en la industria ceramista bonaerense, con otras plantas enfrentando despidos y suspensiones. Los trabajadores, que llevan más de 30 días sin cobrar, insisten en la necesidad de una intervención estatal más activa y en la declaración de la emergencia laboral en el distrito. Mientras tanto, la incertidumbre persiste para más de 300 familias que esperan una solución.