Un reciente fallo de la justicia estadounidense ha puesto en jaque a la Argentina, al ordenar el pago de US$16.000 millones o la entrega del 51% de las acciones de YPF, la principal petrolera del país. La decisión, emitida por la jueza Loretta Preska, responde a una demanda iniciada por el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos litigiosos de la familia Eskenazi, antiguos accionistas de la empresa.

El conflicto se remonta a la estatización de YPF en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, expropió el 51% de las acciones en manos de Repsol. Sin embargo, el proceso omitió realizar una oferta pública a los accionistas minoritarios, como establecía el estatuto de la compañía. Esta omisión fue el fundamento principal de la demanda que hoy amenaza las finanzas y la soberanía energética del país.

La familia Eskenazi, que había adquirido el 25% de YPF sin inversión propia y mediante el pago con dividendos futuros, vendió posteriormente sus derechos de litigio a Burford Capital. El fondo llevó el caso a la justicia de Estados Unidos, obteniendo una sentencia que supera los US$16.000 millones, una cifra que representa un duro golpe para la economía argentina.

El fallo ha reavivado el debate sobre la gestión estatal de YPF, la conveniencia de la estatización y la responsabilidad de los funcionarios que participaron en el proceso. Mientras el gobierno actual anticipó una apelación y busca consensos parlamentarios para proteger el principal activo energético del país, sectores políticos y económicos critican la falta de previsión legal y la gestión de los recursos estratégicos.

En un contexto de crisis energética, caída del valor bursátil de YPF y tensiones políticas, el futuro de la empresa y la política energética nacional se encuentran en un momento de máxima incertidumbre. El caso YPF se convierte así en un símbolo de los desafíos que enfrenta Argentina en la defensa de sus recursos y en la búsqueda de estabilidad económica.