El caso de los exasesores del diputado nacional Emiliano Estrada ha generado un fuerte impacto en Salta y en el ámbito político nacional. Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, quienes trabajaban bajo las órdenes del legislador, fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión condicional por el delito de intimidación pública. La sentencia fue dictada por el Juzgado de Garantías N°7 de Salta, a cargo del juez Pablo Zerdan.

Los condenados admitieron en un juicio abreviado haber utilizado redes sociales, principalmente TikTok, para difundir fake news contra políticos, empresarios y periodistas. Según la investigación, estas acciones se realizaron siguiendo instrucciones directas de Estrada, quien aún no ha sido imputado debido a sus fueros parlamentarios. La fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo Solá, señaló que las pruebas incluyen chats recuperados de dispositivos electrónicos y registros de cuentas falsas utilizadas para las campañas de desinformación.

Entre las cuentas creadas se encuentran "La Casta Salteña" y "La Casta de Sáenz", que difundieron contenido difamatorio contra el gobernador Gustavo Sáenz y otras figuras públicas. La fiscalía argumentó que estas acciones buscaban desestabilizar el orden público y político en la provincia. Además, se sospecha que las campañas fueron financiadas con recursos públicos provenientes de la Cámara de Diputados, lo que llevó a que la causa fuera derivada brevemente a la Justicia Federal antes de regresar al fuero provincial.

El caso ha generado un amplio debate político. En febrero, diputados de distintos bloques repudiaron el accionar atribuido a Estrada, aunque su espacio político, Unión por la Patria, evitó pronunciarse al respecto. La fiscal Cornejo Solá enfatizó que la investigación no tiene motivaciones políticas, sino jurídicas, y que las pruebas apuntan directamente al legislador.

A pesar de las condenas a sus exasesores, la situación de Estrada sigue siendo incierta. La causa en su contra permanece abierta, pero no ha avanzado debido a sus fueros parlamentarios, que vencen en diciembre. Este caso marca un precedente en la judicialización de campañas de desinformación en Argentina y deja abierta la discusión sobre las responsabilidades políticas y judiciales pendientes.