Una reunión de Lijo con los gobernadores Sáenz y Jalil encendió la paranoia de Karina
- Reunión entre el juez Ariel Lijo y gobernadores Saenz y Jalil genera suspicacias en el entorno de Karina Milei. - El encuentro, en Capital, incluyó senadores y operadores judiciales. - Tensión por vacantes en la Corte Suprema.
Una reunión celebrada en la Ciudad de Buenos Aires entre el juez federal Ariel Lijo y los gobernadores Gustavo Saenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca) ha generado inquietud en el entorno de Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia. El encuentro, que tuvo lugar durante el festejo de cumpleaños de Saenz, contó también con la presencia de senadores peronistas y destacados operadores mediáticos y judiciales, lo que incrementó las suspicacias sobre posibles negociaciones políticas y judiciales en curso.
La preocupación en el gobierno se intensificó debido a que Lijo y el camarista Mariano Borinsky son considerados candidatos para ocupar vacantes en la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación, cargos que requieren acuerdos con gobernadores y senadores. "El gobernador firmó la entrega del acueducto de Vipos con Nación y regresó a Tucumán", aclararon desde el entorno de Osvaldo Jaldo, desmintiendo su participación en la reunión, al igual que la funcionaria Flavia Royón.
El episodio se produce en un contexto de tensiones internas dentro del gobierno nacional, donde la influencia de Karina Milei y las negociaciones por cargos clave en la Justicia han generado divisiones. Tras el desaire del presidente Milei a Ricardo Lorenzetti, Lijo y Borinsky consolidaron su alianza para avanzar en sus aspiraciones judiciales, aprovechando la fragmentación oficialista.
En respuesta a estos movimientos, el ministro Juan Bautista Mahiques ha decidido retener el pliego de Tomás Rodríguez Ponte, secretario letrado de Lijo, como parte de la negociación política. El evento es interpretado por analistas como un reflejo de la puja por el control de la Justicia y la política nacional, en un momento en que el gobierno enfrenta presiones por causas judiciales sensibles y la necesidad de acuerdos con actores clave del sistema político.
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