La justicia de Chubut ordenó la detención de Mauricio Naun Vargas y Damián Díaz, condenados por su participación en los incendios y destrozos ocurridos en Rawson durante las protestas de diciembre de 2021 contra la zonificación minera. La Cámara Penal de Trelew ratificó las seis sentencias dictadas en la causa, confirmando la responsabilidad penal y la imposición de penas efectivas: Vargas recibió cuatro años de prisión y Díaz un año y ocho meses.

Los hechos juzgados se produjeron en una de las jornadas de mayor violencia social de la historia reciente de la provincia. Mientras gran parte de la ciudadanía se manifestó pacíficamente, distintos grupos protagonizaron incendios intencionales, ataques a edificios públicos de los tres poderes del Estado, saqueos y enfrentamientos con la policía, provocando daños graves e irreparables a la comunidad.

El gobernador Ignacio Torres celebró la decisión judicial, afirmando que "en Chubut, el que comete un delito, termina preso" y que "el respeto por la ley no se negocia". Torres consideró que las detenciones permiten dejar atrás "un pasado de impunidad y desidia" y llamó a construir "el futuro que nos merecemos los chubutenses".

Sin embargo, organizaciones sociales y medios alternativos expresaron su rechazo al fallo. Prensa Obrera y La Izquierda Diario denunciaron la criminalización de la protesta y exigieron la libertad de los condenados, argumentando que el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y que la causa fue utilizada para disciplinar a quienes luchan en defensa del agua y el territorio. La Comisión por la Memoria del Pueblo "Hilda Fredes" repudió la decisión de la Cámara Penal y llamó a la solidaridad con los detenidos.

El conflicto minero en Chubut ha sido fuente de movilizaciones masivas y tensiones entre el gobierno provincial y movimientos socioambientales. Las protestas de 2021 lograron la derogación de la ley de zonificación minera, pero dejaron un saldo de represión, denuncias de violencia institucional y un debate público polarizado entre quienes ven en las condenas un acto de justicia y quienes las consideran una forma de represión política. El caso sigue generando repercusiones y plantea interrogantes sobre el futuro de la protesta social y la política ambiental en la provincia.