El triple crimen de Florencio Varela, que tuvo como víctimas a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, generó una fuerte conmoción en la sociedad argentina y puso en el centro del debate la lucha contra el crimen organizado. Las jóvenes fueron asesinadas de manera brutal en un hecho que, según la investigación, está vinculado al narcotráfico.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, brindó una conferencia de prensa en la que destacó el rol de las fuerzas federales y la cooperación internacional que permitió la captura de los principales sospechosos. Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", señalado como autor intelectual, y Matías Ozorio, su presunto cómplice, fueron detenidos en Perú, mientras que Lázaro Víctor Sotacuro fue capturado en Bolivia. "Fueron asesinadas de manera brutal", afirmó Bullrich, quien además reclamó a la provincia de Buenos Aires la aplicación de la Ley Antimafias para que todos los implicados reciban la máxima pena.

El operativo incluyó la emisión de alertas rojas de Interpol y la colaboración de fuerzas de seguridad de Argentina, Perú y Bolivia. Ozorio, de nacionalidad argentina, será expulsado rápidamente, mientras que "Pequeño J", ciudadano peruano, enfrentará un proceso de extradición más extenso. Hasta el momento, hay nueve detenidos y la investigación continúa abierta, con la posibilidad de nuevas detenciones a partir del análisis de teléfonos secuestrados.

La Ley Antimafias, sancionada en 2025, permite juzgar a todos los miembros de una organización criminal con la misma severidad, independientemente de su rol. El caso reavivó el debate sobre la seguridad en el conurbano bonaerense y la necesidad de herramientas legales más estrictas para combatir el crimen organizado.

Familiares de las víctimas expresaron alivio por las detenciones, aunque persisten dudas sobre la totalidad de los responsables. Abogados y funcionarios destacaron la coordinación internacional y la importancia de endurecer las penas. "Vamos a ir por la pena máxima que se pueda en el código penal", afirmó el abogado de una de las familias. El caso sigue en desarrollo y se espera que la aplicación de la Ley Antimafias marque un precedente en la lucha contra el crimen organizado en Argentina.