El abogado Ricardo Ariel Osuna, conocido por haber integrado la defensa de Emerenciano Sena, fue detenido nuevamente en la ciudad de Resistencia, Chaco, acusado de robo de ganado. La detención se produjo el viernes por la noche en su domicilio, por orden de la fiscal de Investigación Rural y Ambiental, María Emilia Rudaz, en el marco de una denuncia presentada por un productor rural local.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, el procedimiento fue realizado por la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental junto a personal del Departamento Rural Metropolitano. Osuna fue notificado formalmente de la acusación y trasladado a la Comisaría 11ª, donde permanece detenido a la espera de ser indagado. "En todo momento mostró su disposición a colaborar con la justicia", señalaron voceros de la investigación.

Esta es la segunda vez en el año que Osuna enfrenta cargos por abigeato. En marzo, fue arrestado en la localidad de La Leonesa tras un operativo en el que la policía halló animales denunciados como robados en un campo que alquilaba. Durante ese procedimiento, Osuna fue acusado también de resistencia a la autoridad y daños, y se le secuestró una camioneta registrada a nombre de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, entregada como parte de pago por servicios profesionales.

Osuna recuperó la libertad en abril, luego de 41 días detenido, tras ofrecer como fianza un inmueble valuado en 325 millones de pesos, una de las cauciones más altas en la provincia. Tras su excarcelación, la justicia le impuso restricciones estrictas, como la prohibición de acercamiento a testigos y límites de circulación.

El caso adquiere relevancia por la vinculación de Osuna con el clan Sena, recientemente condenado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, y por el impacto del abigeato en la región chaqueña. La investigación continúa bajo secreto de sumario, mientras la defensa de Osuna sostiene que las medidas adoptadas en su contra han sido "arbitrarias" y ha denunciado al juez de la causa anterior ante el Consejo de la Magistratura. El desarrollo del caso es seguido de cerca por la opinión pública y los medios locales, atentos a las implicancias judiciales y sociales que pueda tener en el contexto de la provincia.