El asesinato del policía federal Rodolfo Manfredi en el barrio Villa Banana de Rosario ha desencadenado una intensa investigación judicial y policial, con la detención de dos presuntos integrantes de una banda narco local. El hecho ocurrió el 11 de junio, cuando Manfredi y otros dos agentes de la Policía Federal Argentina patrullaban de civil la zona como parte del Plan Bandera, un operativo destinado a combatir el narcomenudeo en barrios conflictivos.

Según la reconstrucción de los hechos, los policías fueron reconocidos por miembros de una organización criminal mientras caminaban por un pasillo poco iluminado. Tras una breve discusión, al menos diez personas armadas emboscaron a los agentes, abriendo fuego y provocando la muerte de Manfredi, quien recibió varios disparos en la espalda. Otro agente resultó gravemente herido y un tercero logró escapar ileso. Posteriormente, uno de los atacantes robó el arma reglamentaria y el celular de la víctima.

La investigación, liderada por fiscales federales y provinciales, permitió identificar y detener a Luis Miguel Muñoz, señalado como uno de los tiradores, y a Mario Ezequiel Peralta, acusado de encubrimiento y robo de pertenencias. Ambos fueron imputados como miembros de una asociación ilícita dedicada al tráfico de drogas y recibieron prisión preventiva por un año. En los allanamientos realizados tras el crimen, se incautaron armas de fuego y dosis de cocaína y marihuana.

Las autoridades vinculan a los detenidos con una banda narco que opera en Villa Banana, presuntamente liderada por Eduardo Muñoz, actualmente prófugo, y que sería una reestructuración de la organización comandada por Dalmacio “Sapo” Saravia, condenado a ocho años de prisión en enero pasado. El caso ha motivado más de 35 allanamientos y la búsqueda de otros implicados, mientras el Ministerio de Seguridad evalúa la aplicación de la Ley Antimafia y la activación de recompensas para capturar a los prófugos.

El crimen de Manfredi generó conmoción en la fuerza y la sociedad. Sus restos fueron despedidos en Tucumán, su provincia natal, con la presencia de autoridades nacionales y de la PFA. El caso pone nuevamente en foco la problemática de la violencia narco en Rosario y la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad en la región.