La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal absolvió por unanimidad a cinco mujeres mapuches de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, quienes habían sido condenadas por usurpación de tierras en Villa Mascardi, provincia de Río Negro. El tribunal, integrado por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, consideró que no se logró probar la responsabilidad individual de las acusadas ni el dolo necesario para configurar el delito de usurpación.

La decisión revierte las sentencias dictadas en primera instancia, que habían impuesto penas de hasta dos años y seis meses de prisión en suspenso. Según los jueces, el caso debía analizarse como un conflicto territorial indígena complejo, teniendo en cuenta el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y el Convenio 169 de la OIT. Además, destacaron la inestabilidad normativa y la existencia de acuerdos previos entre la comunidad y el Estado, lo que generó un escenario de incertidumbre jurídica.

El fallo también subrayó errores técnicos en la calificación del delito y la falta de pruebas concretas sobre la participación de las acusadas en los hechos. "No se puede condenar a alguien porque estaba en el lugar", señaló uno de los magistrados, enfatizando que la usurpación es un delito de consumación instantánea y no continuo.

La resolución generó reacciones encontradas. Mientras los abogados defensores celebraron la absolución como un avance en el reconocimiento de los derechos indígenas, los propietarios de los terrenos afectados criticaron la decisión, argumentando que se debilita la protección de la propiedad privada. El caso reabrió el debate sobre la convivencia entre derechos ancestrales y propiedad privada en Argentina, y sienta un precedente relevante para futuras causas judiciales en la región.

El conflicto de Villa Mascardi forma parte de una serie de disputas territoriales en la Patagonia, muchas de las cuales aún se encuentran en trámite judicial o apelación. El debate sobre la aplicación de la ley y el reconocimiento de los derechos indígenas continúa en la Corte Suprema y en la opinión pública.